Más allá de las tragedias aisladas, enfrentamos una realidad estructural donde la instrucción técnica se ha degradado a un trámite administrativo. Es hora de dejar de premiar a quienes ahorran en seguridad y empezar a fiscalizar la experiencia real.

La tragedia de Renca no es un accidente aislado. Es la consecuencia previsible de un sistema que decidió mirar para el lado. Hoy, en Chile, la formación de conductores profesionales opera bajo una ficción peligrosa: existe en la norma, pero no siempre en la realidad.

Como gremio, no podemos ignorar una escena que hoy es parte del problema. Una persona que hasta ayer manejaba un vehículo liviano, en una semana toma un curso “express”, con escasa o nula práctica real, y pocos días después recibe un certificado que lo habilita para cruzar el país al mando de un bus con 45 pasajeros o un camión de alto tonelaje. En 72 horas pasa de conductor a “profesional”. Esa transformación no es formación: es una bomba de tiempo.

El castigo a la inversión en seguridad

El problema es sistémico. El Estado valida certificados sin contar con mecanismos efectivos para asegurar que las horas de práctica hayan sido reales, supervisadas y exigentes. La fiscalización actual se queda en el papel, no en la cabina del camión.

Bajo este modelo, convivimos escuelas que invertimos en vehículos modernos, combustible, horas reales de conducción e instructores calificados, con otras que se han convertido en simples despachadoras de certificados. Al no existir un control de calidad sobre la instrucción técnica, el sistema termina premiando al que menos invierte en seguridad, permitiendo una competencia desleal que pone en riesgo la vida de todos.

Aprender de la región: Fiscalizar la experiencia, no el papel

No es un problema inevitable. Países vecinos, como Perú, ya han implementado sistemas de verificación de práctica real, incluyendo cámaras en cabina para asegurar que el alumno efectivamente condujo las horas que declara el certificado. Mientras allá se fiscaliza la experiencia y la pericia, acá seguimos fiscalizando el formulario.

Nuestra postura como ACHEC

No se trata de criminalizar a los conductores, sino de asumir que el sistema que los forma está fallando por falta de rigor. Como Asociación, defendemos la profesionalización real.

Mientras la seguridad vial siga tratándose como un trámite administrativo, seguiremos entregando vehículos de varias toneladas a personas que no han sido evaluadas en la realidad de la carretera. Para ACHEC, la formación no es un negocio de documentos; es un compromiso con la vida. Cada tragedia que ocurre por falta de pericia técnica deja de ser una sorpresa para convertirse en una consecuencia que, como país, tenemos el deber de evitar.