Chile se encuentra en una encrucijada legislativa con la aprobación de la «Ley Alberto». Esta normativa, que impone controles de drogas obligatorios y periódicos a los conductores profesionales, ha despertado un intenso debate. Si bien la protección del consumidor y del pasajero es el fin último, surge una duda razonable: en un mercado con un déficit de 20.000 choferes. ¿Cómo evitamos que esta ley termine por vaciar las cabinas de los camiones y buses?
La respuesta no está en relajar el control, sino en fortalecer la base del sistema: las escuelas de conductores profesionales.
EL VALOR ESTRATÉGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
En el escenario actual de 2026, la escuela de conductores ha dejado de ser un simple lugar donde se aprende a mover un volante. Hoy, estas instituciones son centros de alta especialización que cumplen tres funciones críticas ante la nueva ley:
- Filtro de idoneidad y salud: La escuela es el primer contacto. Un programa de formación profesional serio detecta a tiempo problemas de conducta o consumo antes de que el conductor llegue a la ruta. Invertir en escuelas es invertir en prevención primaria.
- Concientización sobre el riesgo: No basta con prohibir las drogas; hay que enseñar el por qué. Las escuelas modernas utilizan simuladores de alta tecnología para mostrar cómo sustancias mínimas alteran la percepción de distancia y frenado, logrando una convicción personal en el alumno que ningún test de saliva puede reemplazar.
- Dignificación del oficio: Al elevar el estándar de formación, la escuela transforma al «chofer» en un «operador logístico especializado». Esto es clave para atraer a jóvenes que hoy ven el rubro con desinterés.
EL RIESGO DEL DESINTERÉS Y EL «APAGÓN LOGÍSTICO»
El temor de los gremios es real. Si la Ley de Control de Drogas se percibe solo como una medida punitiva en un contexto de abandono del rubro, el interés por la «pega» seguirá cayendo. Las razones del déficit ya son estructurales:
- Inseguridad en las rutas: El miedo al robo y la violencia.
- Fuga a la minería: Mejores sueldos y turnos más humanos.
- Envejecimiento de la flota humana: Una edad promedio que ya supera los 53 años.
Si endurecemos las reglas sin apoyar a quienes forman a los conductores, corremos el riesgo de generar un «Apagón Logístico». Sin conductores aptos, los puertos se detienen, los supermercados se desabastecen y el costo de vida se dispara. La seguridad vial sería perfecta en el papel, pero no habría nadie para conducir los vehículos que mueven al país.
EL DESAFÍO: CONVERTIR EL CONTROL EN OPORTUNIDAD
Para que la nueva ley no sea el «tiro de gracia» al sector, el estado debe integrar a las escuelas de conductores en la solución:
- Subsidios a la excelencia: Facilitar el acceso a licencias Clase A (profesionales) mediante becas SENCE, pero solo en escuelas que garanticen altos estándares de ética y salud.
- Apoyo psicológico desde la base: Que la formación incluya manejo del estrés y fatiga, factores que a menudo llevan al consumo de sustancias.
- Reconocimiento del estatus profesional: Tratar al conductor como un técnico especializado. Un profesional bien formado y valorado es, por naturaleza, un conductor más seguro y alejado de los riesgos del consumo.
CONCLUSIÓN
La «Ley Alberto» protege a los ciudadanos, pero su éxito depende de que existan profesionales capaces de cumplirla. Las escuelas de conductores son el puente necesario entre la exigencia legal y la realidad de la ruta. Si potenciamos la formación y dignificamos el trabajo desde el aula, el control de drogas dejará de ser una amenaza para convertirse en un estándar de orgullo para quienes mueven a Chile.
Ignacio Piña
Presidente Nacional ACHEC