En el marco de la implementación de la Ley Uber (Ley 21.553), las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, han encendido un debate estructural en Chile: ¿debe el Estado priorizar el estándar profesional de transporte o la libertad de mercado? Al cuestionar la obligatoriedad de la licencia Clase A, Quiroz propone un giro hacia la «libertad de permiso» para proteger cerca de 100.000 empleos y evitar que la regulación asfixie la innovación de las plataformas digitales.

Desde la óptica del mercado, las restricciones técnicas y de licencia actúan como barreras que encarecen el servicio. Sin embargo, esta eficiencia económica no puede construirse sobre la fragilidad de nuestras rutas. Experiencias trágicas —como los accidentes de camiones con gas en Santiago— reafirman que el manejo de vehículos motorizados en espacios públicos exige una formación y capacitación permanente.

Sustituir la certificación profesional por la flexibilidad económica en la Ley Uber precariza la protección ciudadana. La licencia Clase A garantiza que quien transporta vidas posea conocimientos avanzados de normativa y reacción ante riesgos. El desafío para Chile es no «externalizar» los costos económicos en accidentes prevenibles.

La postergación del reglamento hasta 2026 debe servir para encontrar un equilibrio: fomentar el empleo sin sacrificar el estándar de instrucción que previene desastres en nuestras vías.