La receta de la tragedia: Cuando la velocidad, la desidia y la impunidad se encuentran

La tragedia no es fruto del azar; es la consecuencia de un sistema que tolera el peligro hasta que se cobra vidas.

Lo ocurrido recientemente en Viña del Mar —primero en la feria de Gómez Carreño y días después en Plaza Sucre— expone una cadena de fallas que van desde el volante hasta las decisiones del propio Estado.

A la hora de analizar estos hechos, los antecedentes dibujan una radiografía alarmante: el exceso de velocidad, la desidia documental, la falta de infraestructura de seguridad y una justicia que parece desconectada de la realidad.

En primer lugar, la velocidad y la falta de infraestructura. Conducir a exceso de velocidad en sectores con masiva afluencia de personas transforma cualquier vehículo en un proyectil. Sin embargo, ¿dónde está la infraestructura preventiva? En zonas de alto flujo peatonal como ferias libres o accesos a estaciones de trenes, la falta de señalética clara y de reductores de velocidad —como lomos de toro o resaltos— es evidente. No podemos confiar únicamente en la prudencia del conductor; la calle misma debe obligar a frenar.

Esto nos lleva a una duda razonable: ¿están realmente capacitados los conductores en Chile? El aumento de conductas temerarias en la vía pública exige revisar con lupa el nivel de exigencia de las escuelas de conducir y los exámenes municipales. Obtener una licencia no puede ser un trámite burocrático más, sino la certificación rigurosa de que alguien está apto para manejar una máquina de tonelada y media.

A este panorama se suma el desprecio por la norma: vehículos circulando sin revisión técnica ni seguro obligatorio (SOAP), dejando a las víctimas en la más absoluta desprotección. Y mientras todo esto ocurre, la Ley CATI —diseñada para fiscalizar la velocidad con cámaras automatizadas— sigue atrapada en la burocracia estatal.

Pero el golpe definitivo a la confianza ciudadana llega desde los tribunales. Tras una colisión en pleno centro que terminó con una persona fallecida, la jueza decretó para el conductor medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de la licencia de conducir, dejándolo en libertad mientras dure la investigación. La pregunta cae por su propio peso y roza la ironía: ¿de verdad esperamos que respete una suspensión de licencia alguien que no tenía empacho en circular sin sus papeles ni la documentación al día?

«Manejar no es un derecho absoluto, es una responsabilidad vital.»

Cuando la prevención falla en las calles, la fiscalización no existe y la justicia impone sanciones que resultan estériles frente a la desobediencia, la calle se transforma en un terreno de impunidad. Mientras las autoridades no aseguren calles diseñadas para proteger al peatón y jueces con criterios acordes a la gravedad de los hechos, las familias chilenas seguirán pagando con sus vidas las faltas de otros.